Además de pagar por el informe de un arquitecto, el Ayuntamiento cobrará entre 100 y 3.000 euros. El PSOE rechaza esta tasa y pide una moratoria del plazo para pasar la inspección, que expira en julio.
Unas 30.000 viviendas en Sevilla están, por su antigüedad, obligadas a pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE), un trámite que hasta ahora exigía a los propietarios del inmueble un desembolso económico que, para un inmueble tipo de entre 480 y 540 metros cuadrados -tres plantas y seis viviendas de entre 80 o 90 metros cuadrados-, puede oscilar entre los 335 y 1.155 euros para que un arquitecto o aparajedor elabora un informe sobre el estado del edificio, según los precios que baraja el Colegio de Aparejadores, aunque la media ronda los 465 euros. A ello hay que añadir que, si el informe es negativo, la comunidad de propietarios tiene que realizar las obras necesarias para pasar la inspección. El último trámite es llevar el informe al Ayuntamiento para que éste certifique que el edificio ha pasado la revisión, un trámite que hasta ahora era gratis. Sin embargo, el plan de ajuste municipal incluye la creación de una nueva tasa para cobrar por esta acreditación, una tasa mínima de 100 euros pero que para los edificios tipo, de hasta 500 metros cuadrados, será de 200 euros o 350 para los inmuebles entre 500 y mil metros (la cuantía sube a mil euros para las viviendas de hasta 5.000 metros cuadrados y a 3.000 euros para los que superen esta superficie).La tasa municipal supone así incrementar el coste de la ITE hasta un 75% (sin contar el coste de las obras en caso de que sean necesarias). El PSOE llevará al Pleno del viernes una moción para que el Ayuntamiento rectifique el plan de ajuste -presentado al Gobierno central para acogerse al plan de proveedores pero aún pendiente de su aprobación- y suprima esta tasa, pero también para que vuelva a prorrogar el plazo para pasar la ITE. Hace un año, en abril, el anterior Gobierno municipal aprobó una modificación de la ordenanza, que entró en vigor en diciembre ya con el nuevo Ejecutivo del PP, por el que se retrasó la fecha límite para pasar la inspección. Hasta entonces, los edificios de entre 25 y 50 años debían pasarla antes de julio de 2011. De los 26.049 edificios obligados, solo el 13% (3.386) habían cumplido con el trámite. Otras 5.632 edificios, con más de 50 años y que debían haberla pasado en noviembre de 2009, tampoco lo habían hecho.
Moratoria. En plena crisis, el coste del informe arquitectónico y de las posibles obras a acometer resultaba inasumible para muchos propietarios y vecinos de barrios como Bellavista o Alcosa, con una gran cantidad de viviendas antiguas, comenzaron a movilizarse. El Ayuntamiento acordó dar una moratoria. La nueva ordenanza fijó que los edificios construidos entre 1930 y 1979 tenían de plazo hasta el 6 de julio de 2012 y para los construidos entre 1980 y 1994 se mantenía como fecha tope julio de 2014. Pero la crisis no solo no ha mejorado sino que las "circunstancias son aún peores". Es el argumento del portavoz socialista, Juan Espadas, para pedir al Gobierno popular que sea "sensible" y acepte otra moratoria de un año. Según sus estimaciones -Urbanismo no ofreció ayer datos concretos-, en este año extra no más del 20% de las 30.000 viviendas obligadas a pasar la inspección lo han hecho. Para Espadas, ante esta situación, resulta además "inasumible" el "sobrecoste" de la ITE con la nueva tasa municipal y además supone penalizar a quien ha retrasado el trámite en función de la prórroga aprobada por lo que "para eso no se hubiera prorrogado".
El portavoz socialista considera que no tiene "justificación que los ingresos del Ayuntamiento mejoren a costa de quien lo está pasando peor". El Ayuntamiento prevé ingresar por esta vía 200.000 euros y alega que "hay que cobrar por los servicios prestados" y que la tasa prevista -de entre 100 y 3.000 euros según el tamaño del inmueble- supone "un precio menor al coste del servicio".
El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, justifica la nueva tasa en "la falta de financiación y la gran cantidad de deudas que nos hemos encontrado en las arcas municipales como consecuencia de la mala gestión del anterior equipo de gobierno" y subraya que es "la única forma de obtener ingresos" sin subir impuestos. "Cobramos únicamente parte de este servicio, un servicio que el Ayuntamiento tiene que pagar, y lo hacemos de esta forma porque queremos impedir que se impongan impuestos de carácter general que gravaría toda la comunidad. Por tanto se trata de una exigencia individualizada de parte del pago de este servicio". No obstante, se estima que unos 100.000 propietarios tienen problemas para asumir el coste de la ITE, especialmente en barrios obreros con viviendas unifamiliares o de poca altura en que la cuota debe asumirse individualmente por las familias o se reparte entre menos vecinos. Según datos del PSOE, en Cerro-Amata hay 8.000 viviendas afectadas, 3.000 en Casco Antiguo y otras 3.000 en Este-Alcosa-Torres, donde abundan las viviendas unifamiliares.
La respuesta municipal, a través de un comunicado, deja claro que el Ayuntamiento no tiene intención de retirar la nueva tasa. Otra cosa será la posibilidad de aprobar otra moratorio que dé más plazo a los propietarios. La anterior fue propuesta por PSOE e IU y el PP, entonces en la oposición, la apoyó y fue aprobada por unanimidad. Habrá que esperar al pleno del viernes para ver qué hace ahora en el Gobierno.
El Correo de Andalucía, 2 mayo 2012.